Se cuentan por miles los afectados de un presunto megafraude con viviendas protegidas en el suroeste de Madrid protagonizada por la promotora Bitango, relacionada con el escándalo del Ayuntamiento de Ciempozuelos, según constatan los perjudicados por la compañía en su foro www.afectadosbitango.com y demuestran en contratos de compraventa a los que ha tenido acceso este diario. En los contratos mencionados, Bitango expone que la parcela ha sido adquirida a Edificaciones Tifan, propiedad del imputado en el caso Malaya de Marbella, Fidel San Román. Otras empresas de los San Román, tal que Sanedi o Edisan, intervienen como constructoras de los desarrollos.

El presunto fraude consiste en vender casas calificadas como vivienda protegida básica (vppb) sin que los compradores sepan que son protegidas ni conozcan las cláusulas a las que están sometidas. Según declaraciones de un comprador, al menos dos inmobiliarias, Casmar y Promovid, son las encargadas de vender los pisos y chalés “sin especificar en ningún momento la calificación de esas propiedades”. Rápidamente, una vez recibida la señal, transfieren el resto de la gestión a Bitango. El régimen de compra es de autopromoción, es decir, los compradores se promueven sus propias casas pero es Bitango quien gestiona los desarrollos, por lo que cobra un 15% del valor de la vivienda. “Algo que no debería ser así, ya que en el precio de la vpp ya está incluida la gestión”, afirman.

Las viviendas afectadas superan las 2.300, repartidas entre Móstoles, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés y Getafe. Los afectados consultados matizan, no obstante, que “en las últimas promociones están puliendo los contratos y sí están informando de que se trata de vivienda protegida, pero siguen cobrando por la gestión”.

Sin embargo, hay quienes han llegado a pagar hasta 16 millones de las antiguas pesetas en dinero B, porque han comprado después de pasar por segundas y terceras transferencias. Esto es así “porque tú puedes comprar y vender vivienda protegida sin problemas, siempre antes de escriturar”, aseguran las fuentes. De este modo, “algunas de estas viviendas protegidas han llegado a costar 55 millones de las antiguas pesetas, cuando el precio del metro cuadrado de la vivienda pública protegida básica en la zona B de la Comunidad de Madrid es de un máximo de 971,91 euros, según el Plan de Vivienda anterior.

Las situaciones en las que se encuentran los afectados, como han explicado a este diario, son de distinta índole. Los hay que tienen un problema porque ya poseían una vivienda protegida y querían comprar una libre y ahora se encuentran con que no pueden vender ninguna de las dos. Otros viven de alquiler porque ya han vendido sus antiguas casas y las nuevas no se han entregado. Incluso, algunas familias han matriculado a sus hijos en el nuevo barrio y no pueden disponer de una vivienda que se ha retrasado, en algunos casos, hasta más de dos años.

Por contrato, quien renuncia a estas casas ha de renunciar también al 20% de lo aportado, aparte de perder el inmueble. “Ninguna vivienda, de ninguna de todas las promociones, se ha entregado en tiempo y forma”, asegura un perjudicado, que detalla que muchos pagos se han realizado sin facturas y que algunas casas han sido entregadas sin cédula de habitabilidad. El gran miedo de los compradores, después de los retrasos, los inumerables pagos y los quebraderos de cabeza que han llegado a romper parejas, es que a raíz de las irregularidades se paralicen las viviendas y se queden sin casa.

“Aquí se está forrando todo el mundo a nuestra costa”, se quejan los afectados, que aseguran que han denunciado el caso al Defensor del Pueblo y a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Esta última ya ha llegado a tipificar casos particulares de Bitango como "infracción muy grave que podría dar lugar a la imposición de sanciones que van de los 6.001 a los 60.000 euros, más la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas". Por su parte, otros futuros vecinos particulares han iniciado la vía judicial por su cuenta.

Este diario se puso el pasado viernes en contacto con responsables de Bitango y de Arquitectura y Vivienda para recabar información sobre el asunto, sin obtener respuesta alguna.